La Ciudad de México no es un Estado

23/01/17
La Ciudad de México no es un Estado

(Foto: Especial)

Por Gonzalo Sánchez de Tagle

@gstagle

Experto en inquietudes, historiador y abogado.

La Constitución Política de México dio, en esencia, cuatro atribuciones esenciales a la Ciudad de México: integra el poder revisor de la Constitución; sus facultades son, en términos generales, iguales al resto de los estados de la República (cláusula residual); se modifican las delegaciones en alcaldías, integradas por un alcalde y concejales; y, establece los lineamientos formales y materiales para la Constitución de la Ciudad de México. Sin embargo, aún hay diferencias sustantivas con las otras 31 entidades federativas.

En materia federal existe un criterio denominado “identidad de principios jurídicos fundamentales” entre federación y estados federados. Esto quiere decir que en aspectos esenciales, los integrantes de la federación deben de seguir los mismos principios fundantes que aquellos dispuestos constitucionalmente para el Estado nacional. El caso en México, además de la división de poderes y otros, se refleja en el artículo 40 constitucional que precisa que México es una república representativa, democrática, laica y federal. Por su parte, esa identidad de principios, respecto a las entidades federativas se encuentra en el artículo 115 que dispone que adoptarán la forma de gobierno republicano, representativo, democrático, laico y popular. Ésta última en sustitución a federal.

El artículo 122, que se refiere a la Ciudad de México como una nueva entidad federativa (no estado), precisa que la Ciudad adoptará para su régimen interior la forma de gobierno republicano, representativo, democrático y laico. Se omite la forma de gobierno popular. Este concepto más que jurídico, sociológico, se refiere de manera simple a todo aquello relativo o perteneciente al pueblo. Omisión que puede bien esconder un trasfondo político, en tanto que la forma es fondo.

Por otro lado, y esto es altamente relevante desde el punto de vista de control político, el artículo 117 de la Constitución dispone que los estados de la República tienen la capacidad para contratar o adquirir deuda, siempre que se destine a inversión pública productiva y que sea aprobado por la legislatura estatal. Sin embargo, en el caso de la Ciudad de México ésta la aprueba el Congreso de la Unión por medio de la Ley de Ingresos (artículo 73, fracción VIII).

Finalmente, y esto tiene relevancia para muy pocos, existe una prohibición específica para que las personas que hayan ocupado el cargo de Jefe de Gobierno por vías distintas a la electoral, dígase constitucionalmente designados (Rosario Robles y Alejandro Encinas), no puedan ocupar ese cargo nuevamente. Puede tener sentido y sin embargo, es una diferencia injustificada respecto al resto de las entidades federativas. El artículo 116 dispone que los gobernadores que hayan ocupado el cargo como sustituto, interino o provisional, podrán ser electos, con la única limitante que no sea para el periodo inmediato.

Son diferencias que, en su momento, debe ser revisadas y analizadas. Para ello ayudará, sin duda, la facultad de la Ciudad de México para presentar reformas constitucionales y ser parte del poder revisor de la Constitución.