Dan derechos laborales a trabajadores no asalariados en Constitución

10/01/17
Dan derechos laborales a trabajadores no asalariados en Constitución

Durante la discusión del artículo 15, la Asamblea Constituyente aprobó lo relacionado con la Ciudad Productiva, en donde el tema del ejercicio y derechos que deben garantizarse a los trabajadores no asalariados, alentó el debate y la polémica. (Foto: Cuartoscuro)

De cada diez trabajadores en la Ciudad de México, cinco laboran desde la informalidad. Y no se trata sólo de vendedores ambulantes, eso incluye a trabajadoras domésticas, pintores, carpinteros, albañiles, artesanos, hasta periodistas independientes. Todos aquellos que desde hoy han sido reconocidos en la Constitución de La Capítal como Trabajadores No Asalariados y que cuentan ya con derechos específicos.

Durante la discusión del artículo 15, la Asamblea Constituyente aprobó lo relacionado con la Ciudad Productiva, en donde el tema del ejercicio y derechos que deben garantizarse a los trabajadores no asalariados, alentó el debate y la polémica.

A propuesta del constituyente del Partido Nueva Alianza (Panal), Gabriel Quadri, se hicieron modificaciones al apartado B, numeral 12 relacionado con los trabajadores no asalariados, para incluir a los artesanos en esta categoría. Quedó de la siguiente manera siguiente:

“Las personas trabajadoras no asalariadas, prestadoras de servicios por cuenta propia que producen bienes y artesanías y comerciantes tienen derecho a realizar un trabajo digno y a poseer una identidad formal en la Ciudad de México, a asociarse para defender sus intereses, recibir capacitación y las demás que establezca la legislación en la materia”.  Su propuesta fue aprobada por 70 votos en favor, nueve en contra y una abstención.

Con una reserva de la diputada de Morena, Patricia Ruiz Anchondo, se realizó una adición al numeral 12 para que las autoridades garanticen que los locatarios de los mercados públicos gocen de condiciones sanitarias, certeza y seguridad jurídica adecuadas. Se señala que conservarán sus derechos adquiridos y gozarán de los mismos derechos que los trabajadores no asalariados.

Se presentaron diversas reservas para modificar el numeral 13 del apartado B relativo al fondo de pensiones de las personas no asalariadas. El dictamen proponía que este fondo fuera para pensiones y ahorro de los no asalariados, con aportaciones de los beneficiarios.

La diputada del grupo parlamentario Constituyente, Clara Judisman, presentó una reserva para que el fondo también tuviera el propósito de financiar la atención médica, además de las pensiones y el ahorro. También propuso que el fondo contara con participación de las autoridades de la ciudad. El diputado Roberto López, del PRD, también presentó una reserva para que en el fondo fuera financiado por el gobierno y no sólo por los beneficiarios, como lo proponía el dictamen.

Y a pesar de que el numeral 13 del apartado B de este artículo no alcanzó mayoría calificada y fue regresado a la Comisión de Carta de Derechos, algo que retrasa más la aprobación de la Constitución, sí se lograron avances en otros aspectos en materia laboral.

Por ejemplo, quedó establecido el seguro de desempleo como una forma de garantizar la vida digna de las personas, en tanto tienen la posibilidad de reincorporarse a una actividad productiva.

Además, se garantizó el derecho al desarrollo sustentable, que fue definido como aquel que tienen los capitalinos a participar en el desarrollo económico, social, cultural y político en el que pueden realizarse plenamente todos los derechos humanos y las libertades fundamentales.

Durante ocho horas de sesión, los constituyentes debatieron más de 25 reservas, de las cuales se aprobaron 12, el mayor número de modificaciones al dictamen original en todo lo que se ha discutido y aprobado hasta ahora.

A pesar del desencuentro que la izquierda tuvo el fin de semana con el bloque formado por el PRI y el PAN, en esta sesión se logró un importante número de acuerdos y consenso, que facilitó la aprobación casi por unanimidad en aspectos como el reconocimiento al derecho humano al trabajo o la obligación de las autoridades de promover la igualdad sustantiva en el trabajo y el salario.

Se aprobaron también programas para erradicar el trabajo infantil, esclavo y forzado, así como la discriminación laboral.

Se incluye un numeral para la implementación de programas que protejan con efectividad los derechos de las personas trabajadoras domésticas y cuidadores de enfermos a través de la firma de contratos con los empleadores y el acceso a la seguridad social. Ambas labores se reconocen en la Constitución como generadoras de bienes y servicios para la producción y reproducción social. Estos son derechos que no están contemplados en ninguna otra legislación del país.

También se aprobó, a propuesta del diputado de Gabriel Quadri, el establecimiento de zonas especiales de comercio y cultura popular. De igual forma, la ley determinará los mecanismos para un proceso gradual de regularización y formalización en materia urbana del espacio público, prestaciones públicas y de seguridad social.

Y formalizan derechos sindicales

En La Capital, ningún patrón podrá negar el derecho de sus trabajadores a la asociación sindical. Ni en el ámbito público ni en el privado.

Dentro de la aprobación del artículo 15, así como su protección contra cualquier acto de discriminación que menoscabe la libertad sindical y para la participación en la firma y terminación de los contratos colectivos; además, las autoridades velarán por el respeto a la democracia sindical, para elegir a sus representantes sindicales mediante el voto personal, libre y secreto.

Se reconoce el derecho al trabajo de campesinos

Con un apoyo casi unánime, el constituyente Augusto Gómez Villanueva, de los enviados por el Presidente Peña, consiguió incluir a un grupo que no estaba considerado en el dictamen de este artículo: los campesinos.

En una adición de un apartado D, quedó establecido que en la Ciudad de México tutela los derechos de toda persona campesina y todo propietario rural y promueve su participación en la adopción de políticas para el desarrollo de sus actividades, con pleno respeto a la propiedad social y a la propiedad privada.

Se aprobó que las autoridades de la ciudad adoptarán las medidas necesarias para salvaguardar el ejercicio de las libertades de estos grupos de población, en la determinación de las formas y modalidades de producción, comercialización y distribución, con el objetivo de lograr el bienestar de la población campesina.

De manera adicional, las autoridades de la ciudad estimularan y apoyaran los cultivos agropecuarios tradicionales, la organización familiar y cooperativa de producción y su transformación agroindustrial, así como las actividades en las que participen para realizar el aprovechamiento racional y tecnificado de las reservas forestales y de la zona lacustre, en términos de la legislación aplicable y los compromisos internacionales asumidos por el Estado mexicano.